Ley 24240 de defensa del consumidor y decreto reglamentario 1798/1994
TITULO I
NORMAS DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1 —Objeto. CONSUMIDOR.
EQUIPARACIÓN. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o
usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o
utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario
final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Decreto Regl. 1798/94. ARTICULO 1 —
a) Serán considerados
asimismo consumidores o usuarios quienes, en función de una eventual
contratación a título oneroso, reciban a título gratuito cosas o servicios (por
ejemplo: muestras gratis).
b) En caso de venta de viviendas prefabricadas, de los elementos
para construirlas o de inmuebles nuevos destinados a vivienda, se facilitarán
al comprador una documentación completa suscripta por el vendedor en la que se
defina en planta a escala la distribución de los distintos ambientes de la
vivienda y de todas las instalaciones, y sus detalles, y las características de
los materiales empleados.
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Cuadro. Esquema resumen ley 24240 de defensa del consumidor.
Cuadro. Esquema resumen ley 24240 de defensa del consumidor.
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ARTICULO 2 — PROVEEDOR. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o
privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades
de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación,
concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios,
destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al
cumplimiento de la presente ley.
No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales
liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula
otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad
facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante
la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los
servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de
aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la
respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.
Decreto 1798/94. ARTICULO 2 — Se entiende que
los bienes o servicios son integrados en procesos de producción,
transformación, comercialización o prestación a terceros cuando se relacionan
con dichos procesos, sea de manera genérica o específica.
ARTICULO 3 — RELACIÓN DE CONSUMO. INTEGRACIÓN NORMATIVA.
PREEMINENCIA. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor
y el consumidor o usuario.
Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales
y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº
25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o
las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de
los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al
consumidor.
Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en
esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la
actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa
específica.
Sin
reglamentar.
CAPITULO II
ARTÍCULO 4: INFORMACIÓN. El proveedor está
obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo
relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que
provee, y las condiciones de su comercialización.
La información debe ser siempre gratuita
para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria
que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte
físico si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier
otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición.
Decreto 1798/94. ARTICULO 4 — Los proveedores de
cosas o servicios que, posteriormente a la introducción de los mismos en el
mercado de consumo, tengan conocimiento de su peligrosidad, deberán comunicar
inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los
consumidores mediante anuncios publicitarios suficientes.
ARTICULO 5 — PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.
Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que,
utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro
alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.
Decreto
1798/94. ARTICULO 5 — Rige lo dispuesto en el Artículo 4º del presente Anexo.
ARTICULO 6 — COSAS Y SERVICIOS RIESGOSOS. Las cosas y servicios, incluidos los
servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para
la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben
comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas
o razonables para garantizar la seguridad de los mismos.
En tales casos debe
entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y
mantenimiento de la cosa o servicio de que se trate y brindarle adecuado
asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los casos en que se trate de
artículos importados, siendo los sujetos anunciados en el artículo 4
responsables del contenido de la traducción.
Decreto
1798/94. ARTICULO 5 — Rige lo dispuesto en el Artículo 4º del presente Anexo.
CAPITULO III
CONDICIONES DE LA OFERTA Y VENTA
ARTICULO 7º — OFERTA. La oferta dirigida a consumidores potenciales
indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice,
debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como
también sus modalidades, condiciones o limitaciones.
La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que
haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer.
La no efectivización de la
oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible
de las sanciones previstas en el artículo 47 de esta ley.
Decreto 1798/94. ARTICULO 7 —
a) En la oferta de
bienes o servicios realizada en el lugar donde los mismos se comercializan se
podrán omitir las fechas de comienzo y finalización, en cuyo caso obliga a
quien la emite durante el tiempo en que se realice. La oferta realizada fuera
del lugar de comercialización deberá contener siempre el plazo de su vigencia.
Cuando
el proveedor limite cuantitativamente su oferta de productos y servicios,
deberá informar la cantidad con que cuenta para cubrirla.
Cuando
por cualquier causa en una oferta se hubieren incluido precisiones
contradictorias, se estará siempre a la más favorable al consumidor o usuario.
b) Si el proveedor de
cosas o servicios no cumple la oferta o el contrato el consumidor podrá, en su
caso, alternativamente y a su elección:
I) exigir el
cumplimiento forzado de la obligación, siempre que el incumplimiento no
obedezca a caso fortuito o fuerza mayor no imputable al proveedor;
II) aceptar otro
producto o prestación de servicio equivalente;
III) rescindir el
contrato con derecho a la restitución de lo pagado y al resarcimiento por daños
y perjuicios.
En los casos de servicios contemplados en el
Artículo 23 de la Ley Nº 24.240, y previo al ejercicio de estas opciones,
deberá estarse a lo establecido en dicho artículo.
ARTICULO 8 — EFECTOS DE LA PUBLICIDAD. Las precisiones formuladas en la
publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se
tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente.
En los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos o por correos, publicados por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre, domicilio y número de CUIT del oferente.
En los casos en que las ofertas de bienes y servicios se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos o por correos, publicados por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre, domicilio y número de CUIT del oferente.
Decreto 1798/94. ARTICULO 8 — Rige lo dispuesto en el
Artículo 7 del presente Anexo.
ARTICULO 8º bis: TRATO DIGNO. PRÁCTICAS ABUSIVAS. Los proveedores deberán garantizar
condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y
usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los
consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No
podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre
precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante
sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a lo
señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de
interés general debidamente fundadas.
En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de
utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial.
Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente
ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de
la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al
consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare
en nombre del proveedor.
Sin reglamentar
ARTICULO 9 — COSAS DEFICIENTES USADAS
O RECONSTITUIDAS. Cuando se ofrezcan en forma pública a consumidores
potenciales indeterminados cosas que presenten alguna deficiencia, que sean
usadas o reconstituidas debe indicarse las circunstancia en forma precisa y
notoria.
Sin reglamentar.
ARTICULO 10. — CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE VENTA. En el documento que se extienda
por la venta de cosas muebles o inmuebles, sin perjuicio de la información
exigida por otras leyes o normas, deberá constar:
a) La descripción y
especificación del bien.
b) Nombre y domicilio del
vendedor.
c) Nombre y domicilio del
fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere.
d) La mención de las
características de la garantía conforme a lo establecido en esta ley.
e) Plazos y condiciones de
entrega.
f) El precio y condiciones
de pago.
g) Los costos adicionales,
especificando precio final a pagar por el adquirente.
La redacción debe ser hecha en idioma castellano, en forma
completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a textos o documentos que no
se entreguen previa o simultáneamente. Cuando se incluyan cláusulas adicionales
a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquellas
deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes.
Deben redactarse tantos ejemplares como partes integren la
relación contractual y suscribirse a un solo efecto.
Un ejemplar original debe ser entregado al consumidor.
La reglamentación
establecerá modalidades más simples cuando la índole del bien objeto de la
contratación así lo determine, siempre que asegure la finalidad perseguida en
esta ley.
Decreto 1798/94. ARTICULO 10.
—
a) Cuando se emita
"ticket" por estar
autorizado por las normas impositivas, el documento que se extienda por la
venta de cosas muebles podrá contener una descripción sólo genérica de la cosa
o la referencia del rubro al que pertenece, pero siempre de manera tal que sea
fácilmente individualizable por el consumidor. Podrá omitirse la inclusión de
los plazos y condiciones de entrega cuando la misma se realice en el momento de
la operación. Asimismo podrá omitirse la inclusión de las condiciones de pago
cuando el mismo sea de contado.
b) Cuando se trate de
cosas o servicios con garantía, en el documento de venta deberá hacerse referencia
expresa a la misma, debiendo constar sus alcances y características en el
certificado respectivo que deberá entregarse al consumidor. Cuando la venta
pueda documentarse mediante "ticket",
será suficiente la entrega del certificado de garantía. Cuando la cosa o
servicio no tengan garantía, deberá constar de manera clara y expresa tal
circunstancia en el documento de venta. Cuando se omitiere la mención a que se
refiere este Artículo, se entenderá que la cosa no tiene garantía. La omisión
será pasible de las sanciones del Artículo 47 de la Ley Nº 24.240.
c) El incumplimiento
del plazo y las condiciones de entrega, será pasible de las sanciones del
Artículo 47 de la misma. El infractor podrá eximirse de la aplicación de
sanciones cuando medie acuerdo conciliatorio entre las partes.
ARTICULO 10 bis. — INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. El incumplimiento de la oferta o
del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al
consumidor, a su libre elección a:
a) Exigir el cumplimiento
forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible;
b) Aceptar otro producto o
prestación de servicio equivalente;
c) Rescindir el contrato con
derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos,
considerando la integridad del contrato.
Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que
correspondan.
Sin reglamentar
ARTICULO 10 ter: MODOS DE RESCISIÓN.
Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos
domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar,
podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo
medio utilizado en la contratación.
La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá
enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia
fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepción
del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser publicada en la factura o
documento equivalente que la empresa enviare regularmente al domicilio del
consumidor o usuario.
Sin reglamentar
Artículo 10 quáter: PROHIBICIÓN DE
COBRO. Prohíbase el cobro de preaviso, mes adelantado
y/o cualquier otro concepto, por parte de los prestadores de servicios,
incluidos los servicios públicos domiciliarios, en los casos de solicitud de
baja del mismo realizado por el consumidor ya sea en forma personal,
telefónica, electrónica o similar.
CAPITULO IV
ARTICULO 11. — GARANTÍAS. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles
conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los
sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de
cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del
contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su
correcto funcionamiento.
La garantía legal tendrá
vigencia por TRES (3) meses cuando se trate de bienes muebles usados y por SEIS
(6) meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes
convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o
taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la
garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que
deba realizarse para la ejecución del mismo.
Decreto 1798/94. ARTICULO 11. — Si la cosa debiera trasladarse a fábrica o taller
para efectivizar la garantía, el consumidor deberá notificar al responsable de
la misma para que en el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida la
comunicación realice el transporte.
Cuando no se realice dentro de ese lapso, el
consumidor podrá disponer el traslado sin comunicación previa al responsable de
la garantía, pero en tales casos éste no quedará obligado sino hasta los
importes de flete y seguro corrientes en plaza. El traslado deberá hacerse al
centro de reparación más próximo al lugar donde la cosa se encuentre, si no
indicare otro el responsable de la garantía.
ARTICULO 12. — SERVICIO TÉCNICO. Los
fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo
anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes
y repuestos.
Decreto 1798/94. ARTICULO 12. — Los proveedores de cosas
muebles no consumibles deben asegurar un servicio técnico adecuado y el
suministro de partes y repuestos durante el tiempo que indiquen las
reglamentaciones que dicte la Autoridad de Aplicación.
Deberá
asegurarse el suministro de partes y repuestos nuevos durante la vigencia de la
garantía. La utilización de piezas usadas será permitida sólo en aquellos casos
en que no existan en el mercado nacional piezas nuevas o cuando medie
autorización expresa del consumidor.
ARTICULO 13. — RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Son solidariamente responsables del
otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, los productores,
importadores, distribuidores y vendedores de las cosas comprendidas en el
artículo 11.
Decreto 1798/94. ARTICULO
13. —
Observado por el Decreto Nº 2089/93.
ARTICULO 14. — CERTIFICADO DE GARANTÍA. El certificado de garantía deberá constar
por escrito en idioma nacional, con redacción de fácil comprensión en letra
legible, y contendrá como mínimo:
a) La identificación del
vendedor, fabricante, importador o distribuidor;
b) La identificación de la
cosa con las especificaciones técnicas necesarias para su correcta
individualización;
c) Las condiciones de uso,
instalación y mantenimiento necesarias para su funcionamiento;
d) Las condiciones de
validez de la garantía y su plazo de extensión;
e) Las condiciones de
reparación de la cosa con especificación del lugar donde se hará efectiva.
En caso de ser necesaria la notificación al fabricante o
importador de la entrada en vigencia de la garantía, dicho acto estará a cargo
del vendedor. La falta de notificación no libera al fabricante o importador de
la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 13.
Cualquier cláusula cuya
redacción o interpretación contraríen las normas del presente artículo es nula
y se tendrá por no escrita.
Decreto 1798/94. ARTICULO 14.
—
a) En el certificado de
garantía deberá identificarse al vendedor, fabricante, importador o
distribuidor responsable de la misma
Cuando
el vendedor no notificara al fabricante o importador la entrada en vigencia de
la garantía de una cosa, la misma comenzará a regir desde la fecha del
documento de venta.
b) Durante la vigencia
de la garantía, serán a cargo del responsable de la misma todos los gastos
necesarios para la reparación de la cosa.
ARTICULO 15. — CONSTANCIA DE REPARACIÓN. Cuando la cosa hubiese sido reparada bajo los términos de una
garantía legal, el garante estará obligado a entregar al consumidor una
constancia de reparación en donde se indique:
a) La naturaleza de la
reparación;
b) Las piezas reemplazadas o
reparadas;
c) La fecha en que el
consumidor le hizo entrega de la cosa;
d) La fecha de devolución de
la cosa al consumidor.
Decreto 1798/94. ARTICULO 15. —
Se entiende que se trata de la garantía otorgada por el responsable de la
misma.
ARTICULO 16. — PROLONGACIÓN DEL PLAZO DE
GARANTÍA. El tiempo durante el cual el consumidor está privado del uso de
la cosa en garantía, por cualquier causa relacionada con su reparación, debe
computarse como prolongación del plazo de garantía legal.
Decreto 1798/94. ARTICULO 16.
—
a) Rige lo dispuesto en
el Artículo 15 del presente Anexo.
b) Se entiende que el
consumidor está privado del uso de la cosa desde que la misma fue entregada al
responsable de la garantía a efectos de su reparación, y hasta que éste la
entregue a aquél.
ARTICULO 17. — REPARACIÓN NO SATISFACTORIA. En los supuestos en que la reparación
efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las
condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el
consumidor puede:
a) Pedir la sustitución de la cosa adquirida por
otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se
computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa;
b) Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de
recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual
en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si
hubiere efectuado pagos parciales;
c) Obtener una quita proporcional del precio.
En todos los casos, la
opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales
daños y perjuicios que pudieren corresponder.
Decreto 1798/94. ARTICULO 17. —
Se entenderá por "condiciones
óptimas" aquellas necesarias para un uso normal, mediando un trato
adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el
fabricante.
La
sustitución de la cosa por otra de "idénticas características" deberá
realizarse considerando el período de uso y el estado general de la que se
reemplaza, como así también la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas
por la garantía que debieron efectuársele.
Igual
criterio se seguirá para evaluar el precio actual en plaza de la cosa, cuando
el consumidor optare por el derecho que le otorga el inciso b) del Artículo 17
de la Ley.
Con
carácter previo a la sustitución de la cosa, si ésta estuviera compuesta por
conjuntos, subconjuntos y/o diversas piezas, el responsable de la garantía
podrá reemplazar los que fueran defectuosos. La sustitución de partes de la
cosa podrá ser viable siempre que no se alteren las cualidades generales de la
misma y ésta vuelva a ser idónea para el uso al cual está destinada.
ARTICULO 18. — VICIOS
REDHIBITORIOS. La aplicación de las disposiciones precedentes, no obsta a la
subsistencia de la garantía legal por vicios redhibitorios. En caso de vicio
redhibitorio:
a) A instancia del
consumidor se aplicará de pleno derecho el artículo 2176 del Código Civil;
b) El artículo 2170 del
Código Civil no podrá ser opuesto al consumidor.
Sin reglamentar.
CAPITULO V
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
ARTICULO 19. — MODALIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Quienes presten servicios
de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos,
condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales
hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.
Decreto 1798/94. ARTICULO 19.
—
Rige lo dispuesto en el Artículo 7º del presente Anexo.
ARTICULO 20. — MATERIALES A UTILIZAR EN
LA REPARACIÓN. En los contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea
la reparación, mantenimiento, acondicionamiento, limpieza o cualquier otro
similar, se entiende implícita la obligación a cargo del prestador del servicio
de emplear materiales o productos nuevos o adecuados a la cosa de que se trate,
salvo pacto escrito en contrario.
Decreto 1798/94. ARTICULO 20.
— Se
entenderá por materiales adecuados aquellos nuevos adaptados a la cosa de que
se trate. El pacto que indique de manera expresa que los materiales o productos
a emplear, aun los adecuados, no son nuevos, deberá estar escrito en forma
destacada y notoria.
ARTICULO 21. — PRESUPUESTO. En los supuestos contemplados en el artículo anterior,
el prestador del servicio debe extender un presupuesto que contenga como mínimo
los siguientes datos:
a) Nombre, domicilio y otros
datos de identificación del prestador del servicio;
b) La descripción del
trabajo a realizar;
c) Una descripción detallada
de los materiales a emplear.
d) Los precios de éstos y la
mano de obra;
e) El tiempo en que se
realizará el trabajo;
f) Si otorga o no garantía y
en su caso, el alcance y duración de ésta;
g) El plazo para la
aceptación del presupuesto;
h) Los números de
inscripción en la Dirección General Impositiva y en el Sistema Previsional.
Sin reglamentar
ARTICULO 22. — SUPUESTOS NO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO. Todo servicio, tarea o
empleo material o costo adicional, que se evidencie como necesario durante la
prestación del servicio y que por su naturaleza o características no pudo ser
incluido en el presupuesto original, deberá ser comunicado al consumidor antes
de su realización o utilización. Queda exceptuado de esta obligación el
prestador del servicio que, por la naturaleza del mismo, no pueda interrumpirlo
sin afectar su calidad o sin daño para las cosas del consumidor.
Decreto 1798/94. ARTICULO 22. —
El consumidor podrá eximir al prestador del servicio de la obligación de
comunicarle previamente la realización de tareas o utilización de materiales no
incluidos en el presupuesto. En este caso, el consumidor manifestará su
voluntad en forma expresa y, salvo imposibilidad, escribiendo de su puño y
letra la cláusula respectiva.
ARTICULO 23. — DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Salvo previsión expresa
y por escrito en contrario, si dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha en que concluyó el servicio se evidenciaren deficiencias o defectos en el
trabajo realizado, el prestador del servicio estará obligado a corregir todas
las deficiencias o defectos o a reformar o a reemplazar los materiales y
productos utilizados sin costo adicional de ningún tipo para el consumidor.
Decreto 1798/94. ARTICULO 23. —
Se considera que el plazo comienza a correr desde que concluyó la prestación
del servicio. Cuando por las características del caso no fuere posible
comprobar la eficacia del servicio inmediatamente de finalizado, el mismo
comenzará a correr desde que se den las condiciones en que aquélla pueda
constatarse.
ARTICULO 24. — GARANTÍA. La garantía sobre un contrato de prestación de servicios
deberá documentarse por escrito haciendo constar:
a) La correcta
individualización del trabajo realizado;
b) El tiempo de vigencia de
la garantía, la fecha de iniciación de dicho período y las condiciones de
validez de la misma;
c) La correcta
individualización de la persona, empresa o entidad que la hará efectiva.
Sin reglamentar
CAPITULO VI
USUARIOS DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ARTICULO 25. — CONSTANCIA ESCRITA. INFORMACIÓN AL USUARIO. Las empresas
prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario
constancia escrita de las condiciones de la prestación y de los derechos y
obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben
mantener tal información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de
atención al público.
Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
deberán colocar en toda facturación que se extienda al usuario y en las oficinas
de atención al público carteles con la leyenda: "Usted tiene derecho a
reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o
reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley Nº 24.240".
Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y
cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán
regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la
normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor.
Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante
la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Decreto 1798/94. ARTICULO 25. — Las empresas prestadoras de los
servicios públicos domiciliarios deberán entregar a requerimiento de los
usuarios factura detallada del servicio prestado.
ARTICULO 26. — RECIPROCIDAD EN EL TRATO. Las empresas indicadas en el artículo anterior deben otorgar a
los usuarios reciprocidad de trato, aplicando para los reintegros o devoluciones
los mismos criterios que establezcan para los cargos por mora.
Sin reglamentar
ARTICULO 27. — REGISTRO DE RECLAMOS. ATENCIÓN PERSONALIZADA. Las empresas prestadoras
deben habilitar un registro de reclamos donde quedarán asentadas las
presentaciones de los usuarios. Los mismos podrán efectuarse por nota,
teléfono, fax, correo o correo electrónico, o por otro medio disponible,
debiendo extenderse constancia con la identificación del reclamo. Dichos
reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios, conforme la
reglamentación de la presente ley. Las empresas prestadoras de servicios
públicos deberán garantizar la atención personalizada a los usuarios.
Decreto 1798/94. ARTICULO 27.
—
Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deberán contestar
los reclamos en un plazo de DIEZ (10) días corridos.
ARTICULO 28. — SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES. INFORMACIÓN. Los usuarios de servicios
públicos que se prestan a domicilio y requieren instalaciones específicas,
deben ser convenientemente informados sobre las condiciones de seguridad de las
instalaciones y de los artefactos.
Sin reglamentar.
ARTICULO 29. — INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE MEDICIÓN. La autoridad competente queda
facultada para intervenir en la verificación del buen funcionamiento de los
instrumentos de medición de energía, combustibles, comunicaciones, agua potable
o cualquier otro similar, cuando existan dudas sobre las lecturas efectuadas
por las empresas prestadoras de los respectivos servicios.
Tanto los instrumentos como las unidades de medición, deberán ser
los reconocidos y legalmente autorizados. Las empresas prestatarias
garantizarán a los usuarios el control individual de los consumos. Las facturas
deberán ser entregadas al usuario con no menos de diez (10) días de
anticipación a la fecha de su vencimiento.
Sin reglamentar
ARTICULO 30. — INTERRUPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Cuando la prestación
del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se
presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Efectuado el
reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo de treinta (30)
días para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. En
caso contrario, la empresa deberá reintegrar el importe total del servicio no
prestado dentro del plazo establecido precedentemente. Esta disposición no es
aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la factura
correspondiente. El usuario puede interponer el reclamo desde la interrupción o
alteración del servicio y hasta los quince (15) días posteriores al vencimiento
de la factura.
Decreto 1798/94. ARTICULO 30.
— Las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deberán entregar a los
usuarios constancia de los reclamos efectuados por los mismos.
ARTICULO 30 bis. — Las constancias que las
empresas prestatarias de servicios públicos, entreguen a sus usuarios para el
cobro de los servicios prestados, deberán expresar si existen períodos u otras
deudas pendientes, en su caso fechas, concepto e intereses si correspondiera,
todo ello escrito en forma clara y con caracteres destacados. En caso que no
existan deudas pendientes se expresará: "no existen deudas
pendientes".
La falta de esta manifestación hace presumir que el usuario se
encuentra al día con sus pagos y que no mantiene deudas con la prestataria.
En caso que existan deudas y a los efectos del pago, los conceptos
reclamados deben facturarse por documento separado, con el detalle consignado
en este artículo.
Los entes residuales de las empresas estatales que prestaban
anteriormente el servicio deberán notificar en forma fehaciente a las actuales
prestatarias el detalle de las deudas que registren los usuarios, dentro de los
ciento veinte (120) días contados a partir de la sanción de la presente.
Para el supuesto que algún ente que sea titular del derecho, no
comunicare al actual prestatario del servicio, el detalle de la deuda dentro del
plazo fijado, quedará condonada la totalidad de la deuda que pudiera existir,
con anterioridad a la privatización.
Sin reglamentar.
ARTICULO 31. — Cuando una empresa de
servicio público domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en
un período consumos que exceden en un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) el
promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los DOS (2) años
anteriores se presume que existe error en la facturación.
Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en
cuenta el consumo promedio de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la
facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho
consumo promedio.
En los casos en que un prestador de servicios públicos facturase
sumas o conceptos indebidos o reclamare el pago de facturas ya abonadas el
usuario podrá presentar reclamo, abonando únicamente los conceptos no
reclamados.
El prestador dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días a partir
del reclamo del usuario para acreditar en forma fehaciente que el consumo
facturado fue efectivamente realizado.
Si el usuario no considerara satisfecho su reclamo o el prestador
no le contestara en los plazos indicados, podrá requerir la intervención del
organismo de control correspondiente dentro de los TREINTA (30) días contados a
partir de la respuesta del prestador o de la fecha de vencimiento del plazo
para contestar, si éste no hubiera respondido.
En los casos en que el reclamo fuera resuelto a favor del usuario
y si éste hubiera abonado un importe mayor al que finalmente se determine, el
prestador deberá reintegrarle la diferencia correspondiente con más los mismos
intereses que el prestador cobra por mora, calculados desde la fecha de pago
hasta la efectiva devolución, e indemnizará al usuario con un crédito
equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del importe cobrado o reclamado
indebidamente. La devolución y/o indemnización se hará efectiva en la factura
inmediata siguiente.
Si el reclamo fuera resuelto a favor del prestador éste tendrá
derecho a reclamar el pago de la diferencia adeudada con más los intereses que
cobra por mora, calculados desde la fecha de vencimiento de la factura
reclamada hasta la fecha de efectivo pago.
La tasa de interés por mora en facturas de servicios públicos no
podrá exceder en más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) la tasa pasiva para
depósitos a TREINTA (30) días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente
al último día del mes anterior a la efectivización del pago.
La relación entre el prestador de servicios públicos y el usuario
tendrá como base la integración normativa dispuesta en los artículos 3º y 25 de
la presente ley.
Las facultades conferidas al usuario en este artículo se conceden
sin perjuicio de las previsiones del artículo 50 del presente cuerpo legal.
Sin reglamentar
CAPITULO VII
DE LA VENTA DOMICILIARIA, POR
CORRESPONDENCIA Y OTRAS
ARTICULO 32. — VENTA DOMICILIARIA. Es la oferta o propuesta de venta de un bien o
prestación de un servicio efectuada al consumidor fuera del establecimiento del
proveedor. También se entenderá comprendida dentro de la venta domiciliaria o
directa aquella contratación que resulte de una convocatoria al consumidor o
usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el objetivo de
dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de la contratación, o
se trate de un premio u obsequio.
El contrato debe ser instrumentado por escrito y con las
precisiones establecidas en los artículos 10 y 34 de la presente ley.
Lo dispuesto
precedentemente no es aplicable a la compraventa de bienes perecederos
recibidos por el consumidor y abonados al contado.
Decreto 1798/94. ARTICULO 32. —
a) Se entenderá que
están comprendidas dentro de la venta domiciliaria o directa, sin perjuicio de
otros, los sistemas en que la oferta al consumidor se efectúe en el domicilio
particular del oferente o en el del consumidor, en su lugar de trabajo o en el
domicilio de un tercero.
También
se entenderá comprendida dentro de la venta domiciliaria o directa, aquella
contratación que resulte de una convocatoria al consumidor al establecimiento
del proveedor o a otro sitio, cuando el objeto de dicha convocatoria sea total
o parcialmente distinto al de la contratación.
b) Rige lo dispuesto en
el Artículo 10 inciso c) del presente Anexo.
ARTICULO 33. — VENTA POR CORRESPONDENCIA Y OTRAS. Es aquella en que la propuesta
se efectúa por medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y la
respuesta a la misma se realiza por iguales medios.
No se permitirá la
publicación del número postal como domicilio.
Decreto
1798/94. ARTICULO 33. — Rige lo dispuesto en el Artículo 10 inciso c) del
presente Anexo. (c)
Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio
de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato.
Todo ello sin perjuicio de
las acciones de daños y perjuicios que correspondan).
ARTICULO 34. — REVOCACIÓN DE ACEPTACIÓN. En los casos previstos en los artículos
32 y 33 de la presente ley, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación
durante el plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en
que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin
responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada.
El vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta
facultad de revocación en todo documento que con motivo de venta le sea
presentado al consumidor.
Tal información debe ser incluida en forma clara y notoria.
El consumidor debe poner el bien a disposición del vendedor y los
gastos de devolución son por cuenta de este último.
Decreto 1798/94. ARTICULO 34. — Para ejercer el derecho de revocación
el consumidor deberá poner la cosa a disposición del vendedor sin haberla usado
y manteniéndola en el mismo estado en que la recibió, debiendo restituir el
proveedor al consumidor todos los importes recibidos.
ARTICULO 35. — PROHIBICIÓN. Queda prohibida la realización de propuesta al
consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya
sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier
sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa
para que dicho cargo no se efectivice.
Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a
conservarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser
realizada libre de gastos.
Sin reglamentar
CAPITULO
VIII
DE LAS
OPERACIONES DE VENTA DE CRÉDITO
ARTICULO 36. — REQUISITOS. En las operaciones financieras para consumo y en las de
crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o
usuario, bajo pena de nulidad:
a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios;
b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios;
c) El importe a desembolsar inicialmente —de existir— y el monto financiado;
a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios;
b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios;
c) El importe a desembolsar inicialmente —de existir— y el monto financiado;
d) La tasa de interés efectiva anual;
e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total;
f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses;
g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar;
h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.
Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.
En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato.
La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos éste hubiere efectuado.
El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en las operaciones a que refiere el presente artículo, con lo indicado en la presente ley.
Será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a elección de éste, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado, o el de la citada en garantía. En los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario.
Sin reglamentar
CAPITULO IX
DE LOS TÉRMINOS ABUSIVOS Y
CLAUSULAS INEFICACES
ARTICULO 37. — INTERPRETACIÓN. Sin perjuicio de la validez del contrato, se
tendrán por no convenidas:
a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten
la responsabilidad por daños;
b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los
derechos del consumidor o amplíen
los derechos de la otra parte;
c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la
inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.
La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable
para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación,
se estará a la que sea menos gravosa.
En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa
previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber
de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad
comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la
de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial,
simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.
Decreto 1798/94. ARTICULO 37. —
(Artículo derogado por art. 3° inc. d) de la Ley N° 26.994 B.O. 8/10/2014
Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley N°
27.077 B.O. 19/12/2014)
Artículo 38:
CONTRATO
DE ADHESIÓN. CONTRATOS EN FORMULARIOS. La autoridad de
aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares, no contengan
cláusulas de las previstas en el artículo anterior. La misma atribución se
ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los
contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando
dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la
cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su
contenido.
Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública y
privada, que presten servicios o comercialicen bienes a consumidores o usuarios
mediante la celebración de contratos de adhesión, deben publicar en su sitio
web un ejemplar del modelo de contrato a suscribir.
Asimismo deben entregar sin cargo y con antelación a la
contratación, en sus locales comerciales, un ejemplar del modelo del contrato a
suscribir a todo consumidor o usuario que así lo solicite. En dichos locales se
exhibirá un cartel en lugar visible con la siguiente leyenda: “Se encuentra a
su disposición un ejemplar del modelo de contrato que propone la empresa a
suscribir al momento de la contratación”.
Decreto 1798/94. ARTICULO 38. — La
Autoridad de Aplicación notificará al proveedor que haya incluido cláusulas de
las previstas en el Artículo 37 que las mismas se tienen por no convenidas y lo
emplazará a notificar tal circunstancia al consumidor de manera fehaciente y en
el término que dicha autoridad le fije. En caso de incumplimiento será pasible
de las sanciones previstas por el Artículo 47 de la Ley Nº 24.240.
ARTICULO 39. — MODIFICACIÓN CONTRATOS TIPO. Cuando los contratos a los que se refiere
el artículo anterior requieran la aprobación de otra autoridad nacional o
provincial, ésta tomará las medidas necesarias para la modificación del
contrato tipo a pedido de la autoridad de aplicación.
Sin reglamentar
CAPITULO X
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
ARTICULO 40. — Si el daño al consumidor
resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio,
responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el
proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El
transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en
ocasión del servicio.
La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de
repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien
demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.
Decreto 1798/94. ARTICULO 40.
—
Observado por el Decreto Nº 2089/93.
ARTICULO 40 bis: DAÑO DIRECTO. El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al
derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria,
ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como
consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de
servicios.
Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo.
Esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la administración que reúnan los siguientes requisitos:
a) la norma de creación les haya concedido facultades para resolver conflictos entre particulares y la razonabilidad del objetivo económico tenido en cuenta para otorgarles esa facultad es manifiesta;
b) estén dotados de especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas;
c) sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente.
Este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos del consumidor, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida ni, en general, a las consecuencias no patrimoniales.
Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo.
Esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la administración que reúnan los siguientes requisitos:
a) la norma de creación les haya concedido facultades para resolver conflictos entre particulares y la razonabilidad del objetivo económico tenido en cuenta para otorgarles esa facultad es manifiesta;
b) estén dotados de especialización técnica, independencia e imparcialidad indubitadas;
c) sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente.
Este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos del consumidor, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida ni, en general, a las consecuencias no patrimoniales.
Sin reglamentar.
TITULO II
AUTORIDAD DE APLICACIÓN PROCEDIMIENTO Y SANCIONES
CAPITULO XI
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTICULO 41. — APLICACIÓN NACIONAL Y LOCAL. La Secretaría de Comercio Interior
dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad nacional
de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control,
vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas
reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus
respectivas jurisdicciones.
Sin reglamentar
ARTICULO 42. — FACULTADES CONCURRENTES. La autoridad nacional de aplicación, sin
perjuicio de las facultades que son competencia de las autoridades locales de
aplicación referidas en el artículo 41 de esta ley, podrá actuar concurrentemente
en el control y vigilancia en el cumplimiento de la presente ley.
Sin reglamentar.
ARTICULO 43. — FACULTADES Y ATRIBUCIONES. La Secretaría de Comercio Interior
dependiente del Ministerio de Economía y Producción, sin perjuicio de las
funciones específicas, en su carácter de autoridad de aplicación de la presente
ley tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la
reglamentación de esta ley y elaborar políticas tendientes a la defensa del
consumidor o usuario a favor de un consumo sustentable con protección del medio
ambiente e intervenir en su instrumentación mediante el dictado de las
resoluciones pertinentes.
b) Mantener un registro
nacional de asociaciones de consumidores y usuarios.
c) Recibir y dar curso a las
inquietudes y denuncias de los consumidores o usuarios.
d) Disponer la realización
de inspecciones y pericias vinculadas con la aplicación de esta ley.
e) Solicitar informes y
opiniones a entidades públicas y privadas con relación a la materia de esta
ley.
f) Disponer de oficio o a
requerimiento de parte la celebración de audiencias con la participación de
denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos.
La autoridad de aplicación nacional podrá delegar, de acuerdo con
la reglamentación que se dicte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las
provincias las facultades mencionadas en los incisos c), d) y f) de este
artículo.
Sin reglamentar
ARTICULO 44. — AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA. Para el ejercicio de las atribuciones
a que se refieren los incisos d) y f) del artículo 43 de la presente ley, la
autoridad de aplicación podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Sin reglamentar
CAPITULO XII
PROCEDIMIENTO Y SANCIONES
ARTICULO 45. — ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS. La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones
administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta
ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de
oficio, por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en
defensa del interés general de los consumidores, o por comunicación de
autoridad administrativa o judicial.
Se procederá a labrar actuaciones en las que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida.
En el expediente se agregará la documentación acompañada y se citará al presunto infractor para que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Si las actuaciones se iniciaran mediante un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente por escrito su descargo.
En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería. Cuando no se acredite personería se intimará para que en el término de cinco (5) días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
Las constancias del expediente labrado conforme a lo previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas.
Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos, siempre que no resulten manifiestamente inconducentes o meramente dilatorias. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, decreto 1759/72 t.o. 1991. La prueba deberá producirse en el término de diez (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistida aquella no producida dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.
En cualquier momento durante la tramitación de las actuaciones, la autoridad de aplicación podrá ordenar como medida preventiva el cese de la conducta que se reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones.
Concluidas las diligencias instructorias, se dictará la resolución definitiva dentro del término de veinte (20) días hábiles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la autoridad de aplicación contará con amplias facultades para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de no innovar.
Los actos administrativos que dispongan sanciones, únicamente serán impugnables mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, o ante las Cámaras de Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido. En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de ésta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.
Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley y sus reglamentaciones, en el ámbito nacional, se aplicarán analógicamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y su reglamentación, y en lo que ésta no contemple, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible con sus ordenamientos locales bajo los principios aquí establecidos.
Se procederá a labrar actuaciones en las que se dejará constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida.
En el expediente se agregará la documentación acompañada y se citará al presunto infractor para que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Si las actuaciones se iniciaran mediante un acta de inspección, en que fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente por escrito su descargo.
En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio y acreditar personería. Cuando no se acredite personería se intimará para que en el término de cinco (5) días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
Las constancias del expediente labrado conforme a lo previsto en este artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas.
Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos, siempre que no resulten manifiestamente inconducentes o meramente dilatorias. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, decreto 1759/72 t.o. 1991. La prueba deberá producirse en el término de diez (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por desistida aquella no producida dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.
En cualquier momento durante la tramitación de las actuaciones, la autoridad de aplicación podrá ordenar como medida preventiva el cese de la conducta que se reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones.
Concluidas las diligencias instructorias, se dictará la resolución definitiva dentro del término de veinte (20) días hábiles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la autoridad de aplicación contará con amplias facultades para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de no innovar.
Los actos administrativos que dispongan sanciones, únicamente serán impugnables mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, o ante las Cámaras de Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido. En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de ésta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.
Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley y sus reglamentaciones, en el ámbito nacional, se aplicarán analógicamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y su reglamentación, y en lo que ésta no contemple, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible con sus ordenamientos locales bajo los principios aquí establecidos.
Decreto 1798/94. ARTICULO 45.
—
a) El acuerdo conciliatorio
homologado por la Autoridad de Aplicación suspenderá el procedimiento
administrativo. Si las partes no conciliaren, la Autoridad de Aplicación
continuará el trámite y dictará la resolución definitiva.
b) Las disposiciones del
Código Procesal Penal de la Nación y sus leyes modificatorias en el orden
nacional se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas
expresamente en tanto no fueran incompatibles con la Ley de Defensa del
Consumidor Nº 24.240 y con este Reglamento.
ARTICULO 46. — INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CONCILIATORIOS. El incumplimiento de los
acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley. En tal caso, el
infractor será pasible de las sanciones establecidas en la presente, sin
perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes
hubieran acordado.
Sin reglamentar
ARTICULO 47. — SANCIONES. Verificada la existencia de la infracción, quienes la
hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán
aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del
caso:
a) Apercibimiento.
b) Multa de PESOS CIEN ($
100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).
c) Decomiso de las
mercaderías y productos objeto de la infracción.
d) Clausura del
establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta
TREINTA (30) días.
e) Suspensión de hasta CINCO
(5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el
Estado.
f) La pérdida de
concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que
gozare.
En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de
aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta
indicado, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la
originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario
de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de
aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que
fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el
país y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada
fuere de apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su
publicación.
El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto percibido en concepto de
multas y otras penalidades impuestas por la autoridad de aplicación conforme el
presente artículo será asignado a un fondo especial destinado a cumplir con los
fines del Capítulo XVI —EDUCACION AL CONSUMIDOR— de la presente ley y demás
actividades que se realicen para la ejecución de políticas de consumo, conforme
lo previsto en el artículo 43, inciso a) de la misma. El fondo será
administrado por la autoridad nacional de aplicación.
Sin reglamentar
ARTICULO 48. — DENUNCIAS MALICIOSAS. Quienes presentaren denuncias maliciosas o
sin justa causa ante la autoridad de aplicación, serán sancionados según lo
previsto en los incisos a) y b) del artículo anterior, sin perjuicio de las que
pudieren corresponder por aplicación de las normas civiles y penales.
Decreto 1798/94. ARTICULO 48.
— Para
calificar de maliciosa o sin justa causa una denuncia, la misma debe haber sido
previamente sustanciada.
ARTICULO 49. — APLICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. En la aplicación y
graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se
tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o
usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio
obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los
perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por
una infracción a esta ley, incurra en otra dentro del término de CINCO (5)
años.
Decreto 1798/94. ARTICULO 49.
— Se
crea el REGISTRO NACIONAL DE INFRACTORES A LA LEY Nº 24.240, que funcionará de
acuerdo con las reglamentaciones que dicte la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 50. — PRESCRIPCIÓN. Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término
de TRES (3) años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas
infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas.
Sin reglamentar
ARTICULO 51. — COMISIÓN DE UN DELITO. Si del sumario surgiese la eventual comisión
de un delito, se remitirán las actuaciones al juez competente.
Sin reglamentar
CAPITULO XIII
DE LAS ACCIONES
ARTICULO 52. — ACCIONES JUDICIALES. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el
consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses
resulten afectados o amenazados.
La acción corresponderá al consumidor o usuario por su propio
derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas en los
términos del artículo 56 de esta ley, a la autoridad de aplicación nacional o
local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Dicho Ministerio,
cuando no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como
fiscal de la ley.
En las causas judiciales que tramiten en defensa de intereses de
incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que lo
requieran estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de los demás
legitimados por el presente artículo, previa evaluación del juez competente
sobre la legitimación de éstas.
Resolverá si es procedente o no, teniendo en cuenta si existe su
respectiva acreditación para tal fin de acuerdo a la normativa vigente.
En caso de desistimiento o abandono de la acción de las referidas
asociaciones legitimadas la titularidad activa será asumida por el Ministerio
Público Fiscal.
Decreto 1798/94. ARTICULO 52.
— Se
requerirá a las asociaciones de consumidores legalmente constituidas carta
poder para reclamar y accionar judicialmente, exceptuándolas de tal requisito en
aquellos casos en que actuaren en defensa de un interés general de los
consumidores.
ARTICULO 52 bis: DAÑO PUNITIVO. Al
proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el
consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil
a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho
y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones
que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento
responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las
acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no
podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47,
inciso b) de esta ley.
Sin reglamentar.
ARTICULO 53. — NORMAS DEL PROCESO. En las causas iniciadas por ejercicio de los
derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso de
conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario
competente, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y
basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de
conocimiento más adecuado.
Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando
un derecho o interés individual, podrán acreditar mandato mediante simple acta
poder en los términos que establezca la reglamentación.
Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de
prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o
servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la
cuestión debatida en el juicio.
Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la
presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio
de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del
consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.
Decreto 1798/94. ARTICULO 53.
— El
mandato se acreditará por medio del instrumento público correspondiente o con
carta poder, con firma del otorgante certificada por autoridad policial o
judicial o por escribano público. Podrá también otorgarse mandato mediante
simple acta poder certificada por la Autoridad de Aplicación. La misma deberá
establecer la identidad y domicilio del mandante y la designación, identidad,
domicilio y firma del mandatario.
ARTICULO 54. — ACCIONES DE INCIDENCIA COLECTIVA. Para arribar a un acuerdo
conciliatorio o transacción, deberá correrse vista previa al Ministerio Público
Fiscal, salvo que éste sea el propio actor de la acción de incidencia
colectiva, con el objeto de que se expida respecto de la adecuada consideración
de los intereses de los consumidores o usuarios afectados. La homologación
requerirá de auto fundado. El acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad de
que los consumidores o usuarios individuales que así lo deseen puedan apartarse
de la solución general adoptada para el caso.
La sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para
el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en
similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en
contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado
disponga.
Si la cuestión tuviese contenido patrimonial establecerá las
pautas para la reparación económica o el procedimiento para su determinación
sobre la base del principio de reparación integral. Si se trata de la
restitución de sumas de dinero se hará por los mismos medios que fueron
percibidas; de no ser ello posible, mediante sistemas que permitan que los
afectados puedan acceder a la reparación y, si no pudieran ser
individualizados, el juez fijará la manera en que el resarcimiento sea
instrumentado, en la forma que más beneficie al grupo afectado. Si se trata de
daños diferenciados para cada consumidor o usuario, de ser factible se
establecerán grupos o clases de cada uno de ellos y, por vía incidental, podrán
éstos estimar y demandar la indemnización particular que les corresponda.
Decreto 1798/94. ARTICULO 54. — Observado por el Decreto
Nº 2089/93.
ARTICULO 54 bis. — Las sentencias
definitivas y firmes deberán ser publicadas de acuerdo a lo previsto en la ley
26.856.
La autoridad de aplicación que corresponda adoptará las medidas concernientes a su competencia y establecerá un registro de antecedentes en materia de relaciones de consumo.
La autoridad de aplicación que corresponda adoptará las medidas concernientes a su competencia y establecerá un registro de antecedentes en materia de relaciones de consumo.
Sin reglamentar.
CAPITULO XIV
DE LAS
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
ARTICULO 55. — LEGITIMACIÓN. Las asociaciones de consumidores y usuarios
constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de
aplicación, están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente
afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio
de la intervención de éstos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de
esta ley.
Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de
incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita.
Decreto 1798/94. ARTICULO 55. — Se crea el REGISTRO NACIONAL DE
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES las que, para funcionar, deberán estar inscriptas
en el
ARTICULO 56. — AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR. Las organizaciones que tengan como
finalidad la defensa, información y educación del consumidor, deberán requerir
autorización a la autoridad de aplicación para funcionar como tales. Se
entenderá que cumplen con dicho objetivo, cuando sus fines sean los siguientes:
a) Velar por el fiel
cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional,
provincial o municipal, que hayan sido dictadas para proteger al consumidor;
b) Proponer a los organismos
competentes el dictado de normas jurídicas o medidas de carácter administrativo
o legal, destinadas a proteger o a educar a los consumidores;
c) Colaborar con los
organismos oficiales o privados, técnicos o consultivos para el
perfeccionamiento de la legislación del consumidor o materia inherente a ellos;
d) Recibir reclamaciones de
consumidores y promover soluciones amigables entre ellos y los responsables del
reclamo;
e) Defender y representar
los intereses de los consumidores, ante la justicia, autoridad de aplicación
y/u otros organismos oficiales o privados;
f) Asesorar a los
consumidores sobre el consumo de bienes y/o uso de servicios, precios,
condiciones de compra, calidad y otras materias de interés;
g) Organizar, realizar y
divulgar estudios de mercado, de control de calidad, estadísticas de precios y
suministrar toda otra información de interés para los consumidores. En los estudios sobre controles de
calidad, previo a su divulgación, se requerirá la certificación de los mismos
por los organismos de contralor correspondientes, quienes se expedirán en los
plazos que establezca la reglamentación;;
h) Promover la educación del
consumidor;
i) Realizar cualquier otra
actividad tendiente a la defensa o protección de los intereses del consumidor.
Decreto 1798/94. ARTICULO 56.
— Rige
lo dispuesto en el Artículo 55 del presente Anexo.
ARTICULO 57. — REQUISITOS PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO. Para ser reconocidas
como organizaciones de consumidores, las asociaciones civiles deberán
acreditar, además de los requisitos generales, las siguientes condiciones
especiales:
a) No podrán participar en
actividades políticas partidarias;
b) Deberán ser
independientes de toda forma de actividad profesional, comercial y productiva;
c) No podrán recibir
donaciones, aportes o contribuciones de empresas comerciales, industriales o
proveedoras de servicios, privadas o estatales, nacionales o extranjeras;
d) Sus publicaciones no podrán contener avisos publicitarios.
Decreto 1798/94. ARTICULO 57.
—
a) Se entenderá por
publicaciones los folletos, diarios, revistas, programas de radio y televisión,
boletines informativos, etc.
b) Las asociaciones de consumidores
reconocidas como tales que no cumplan las condiciones mencionadas en los
Artículos 56 y 57 de la Ley Nº 24.240 serán dadas de baja del REGISTRO NACIONAL
DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES y la Autoridad de Aplicación podrá suspenderles
las contribuciones estatales otorgadas. Además, la autoridad de aplicación
pertinente podrá disponer la pérdida de la personería jurídica conferida.
ARTICULO 58. — PROMOCIÓN DE RECLAMOS. Las asociaciones de consumidores podrán
sustanciar los reclamos de los consumidores de bienes y servicios ante los
fabricantes, productores, comerciantes, intermediarios o prestadores de
servicios que correspondan, que se deriven del incumplimiento de la presente
ley.
Para promover el reclamo, el consumidor deberá suscribir la
petición ante la asociación correspondiente, adjuntando la documentación e
información que obre en su poder, a fin de que la entidad promueva todas las
acciones necesarias para acercar a las partes.
Formalizado el reclamo, la entidad invitará a las partes a las
reuniones que considere oportunas, con el objetivo de intentar una solución al
conflicto planteado a través de un acuerdo satisfactorio.
En esta instancia, la función de las asociaciones de consumidores
es estrictamente conciliatoria y extrajudicial, su función se limita a
facilitar el acercamiento entre las partes.
Sin reglamentar
CAPITULO XV
ARBITRAJE
ARTICULO 59. — TRIBUNALES ARBITRALES. La autoridad de aplicación propiciará la
organización de tribunales arbitrales que actuarán como amigables componedores
o árbitros de derecho común, según el caso, para resolver las controversias que
se susciten con motivo de lo previsto en esta ley. Podrá invitar para que
integren estos tribunales arbitrales, en las condiciones que establezca la
reglamentación, a las personas que teniendo en cuenta las competencias
propongan las asociaciones de consumidores o usuarios y las cámaras
empresarias.
Dichos tribunales arbitrales tendrán asiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en todas las ciudades capitales de provincia. Regirá el
procedimiento del lugar en que actúa el tribunal arbitral.
Sin reglamentar
TITULO
III
DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO XVI
EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR
ARTICULO 60. — PLANES EDUCATIVOS. Incumbe al Estado nacional, a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a las provincias y a los Municipios, la formulación de planes
generales de educación para el consumo y su difusión pública, arbitrando las
medidas necesarias para incluir dentro de los planes oficiales de educación
inicial, primaria, media, terciaria y universitaria los preceptos y alcances de
esta ley, así como también fomentar la creación y el funcionamiento de las
asociaciones de consumidores y usuarios y la participación de la comunidad en
ellas, garantizando la implementación de programas destinados a aquellos
consumidores y usuarios que se encuentren en situación desventajosa, tanto en
zonas rurales como urbanas.
Sin reglamentar
ARTICULO 61. — FORMACIÓN DEL CONSUMIDOR. La formación del consumidor debe
facilitar la comprensión y utilización de la información sobre temas inherentes
al consumidor, orientarlo a prevenir los riesgos que puedan derivarse del
consumo de productos o de la utilización de los servicios. Para ayudarlo a
evaluar alternativas y emplear los recursos en forma eficiente deberán incluir
en su formación, entre otros, los siguientes contenidos:
a) Sanidad, nutrición,
prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos y adulteración de
los alimentos.
b) Los peligros y el
rotulado de los productos.
c) Legislación pertinente,
forma de obtener compensación y los organismos de protección al consumidor.
d) Información sobre pesas y
medidas, precios, calidad y disponibilidad de los artículos de primera
necesidad.
e) Protección del medio
ambiente y utilización eficiente de materiales.
Sin reglamentar
ARTICULO 62. — CONTRIBUCIONES ESTATALES. El Estado nacional podrá disponer el
otorgamiento de contribuciones financieras con cargo al presupuesto nacional a
las asociaciones de consumidores para cumplimentar con los objetivos
mencionados en los artículos anteriores.
En todos los casos estas asociaciones deberán acreditar el
reconocimiento conforme a los artículos 56 y 57 de la presente ley. La
autoridad de aplicación seleccionará a las asociaciones en función de criterios
de representatividad, autofinanciamiento, actividad y planes futuros de acción
a cumplimentar por éstas.
Sin reglamentar
CAPITULO XVII
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 63. — Para el supuesto de
contrato de transporte aéreo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico,
los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley.
Sin reglamentar
ARTICULO 64. — Modifícase el artículo
13 de la ley 22.802, que quedará redactado de la siguiente forma:
Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el
control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas
reglamentarias, con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción y que
afecten exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones.
A ese fin determinarán los organismos que cumplirán tales
funciones, pudiendo los gobiernos provinciales delegar sus atribuciones en los
gobiernos municipales, excepto la de juzgamiento que sólo será delegable en el
caso de exhibición de precios previsto en el inciso i) del artículo 12.
Sin reglamentar
ARTICULO 65. — La presente ley es de orden público, rige
en todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento veinte (120) días a partir de su publicación.
Sin reglamentar
ARTICULO 66: — El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de
aplicación, dispondrá la edición de un texto ordenado de la Ley Nº 24.240 de
Defensa del Consumidor con sus modificaciones.
Sin reglamentar
ARTICULO 66. — Comuníquese ………….
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